Inició en Bogotá el proceso que busca revocar a Peñalosa

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Por: Diego Pinto

 

El pasado 2 de enero ante la Registraduría Distrital se inscribieron varios comités promotores de la iniciativa para revocar el mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, poniendo de manifiesto el rechazo de una gran parte de la ciudadanía no solo a la gestión del mandatario, sino en general a lo que representa el modelo de ciudad que propone para Bogotá. Estas son algunas de las razones que expusieron los promotores:

Modelo de ciudad
Detrás de todo programa de gobierno y de los instrumentos técnicos que se utilizan para el desarrollo de las políticas hay una concepción de sociedad, una manera de comprender el territorio y sus habitantes. En este caso, el modelo de ciudad propuesto por Peñalosa desde su primera administración es una ciudad para los grandes negocios y no para los ciudadanos y ciudadanas.

El objetivo central del actual Plan Distrital de Desarrollo, en palabras del profesor y urbanista Carlos Torres es tener “una ciudad-aglomeración de consumidores que propicia de modo adecuado la economía de mercado”. De esta manera encontramos la profundización de un modelo donde la ciudad se comporta de acuerdo a las reglas del mercado, y donde los derechos sociales y culturales no tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad del goce efectivo de estos, sino con la construcción de infraestructura que pueda ser administrada a través de Alianzas Público-Privadas, que no son más que la inversión pública y el beneficio del privado, y por lo tanto podría representar un detrimento del patrimonio y el presupuesto de la ciudad.

Otra de las características de las políticas que traza el actual mandatario capitalino tiene que ver con un modelo que segrega y discrimina social y espacialmente. Es la ciudad construida en función de beneficiar a unos y excluir a otros. Ejemplo de ello es el modelo de expansión urbana que proyecta la ampliación de los límites de construcción, lo que hace que la gente de sectores populares deban trasladarse a vivir a las periferias o a las zonas conurbadas de la sabana, mientras los centros de la ciudad se especializan en lo que se llama “revitalización del centro”, que significa el fortalecimiento de los grandes negocios del sector inmobiliario y el turismo internacional.
Una avanzada de esta segregación tiene que ver con el acceso a los escenarios de arte y cultura que, con la reducción de los presupuestos locales para este sector, tienden a volverse espacios de acceso exclusivo de quienes viven en zonas céntricas o tienen posibilidades económicas para pagar por el disfrute cultural.

Derecho al cemento, sin salud ni educación
En la larga lista de acciones perjudiciales de la actual alcaldía, enumeradas en la exposición de motivos que presentaron los comités pro-revocatoria, está también que la salud y la educación son reducidas a temas de infraestructura y administración eficiente de recursos. En el caso de la salud la fusión y privatización de hospitales públicos es preocupante, porque aunque se plantea la construcción de Centros de Atención Prioritaria en Salud, se desmontan programas de salud preventiva como Territorios saludables, quedando este tema desamparado de una política seria que garantice el derecho a la vida en condiciones de dignidad.

La educación se privatiza, en el caso de la básica y secundaria mediante la ampliación de la figura de colegios en concesión; en el caso de la educación superior mediante 25.000 cupos en universidades privadas a través del programa “Ser pilo paga” y la progresiva desfinanciación de la Universidad Distrital. Lo que ha hecho la administración es construir colegios, jardines y centros de arte y cultura para que sean beneficiados económicamente los empresarios de la educación mediante alianzas público-privadas.

Movilidad, de Transmilenio y otras miserias
Desde tiempo atrás existe una discusión sobre los inconvenientes de cambiar el trazado inicial del Metro para hacer uno aéreo, de peor calidad y con nuevos estudios de costo multimillonario. Sin embargo poco énfasis se hace en las ocho troncales nuevas de Transmilenio que se proyectan para construir; así pues el Metro, el tren de Cercanías, y los cables aéreos no serían más que alimentadores del sistema de articulados. En enero de 2016 en el blog www.algarete.com.co el profesor Carlos Carrillo evidenció la relación del alcalde Peñalosa con el ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) que es nada menos que un instituto dedicado a promover la creación de sistemas BRT, es decir Transmilenios, y el negocio que hay detrás de esta iniciativa.

A este drama económico y urbano se añade la idea de retomar el trazado inicial de la Avenida Longitudinal de Occidente que afectará gravemente la reserva Van Der Hammen y todo el sistema de humedales del costado occidental de la ciudad.

Festín con lo público
Con un Plan de Desarrollo centrado en las obras de infraestructura, es necesaria una gran cantidad de recursos. Para cubrir el déficit presupuestal, las medidas económicas tomadas golpean duramente a los bogotanos por varias vías. Por un lado, con la masacre laboral al no continuar los contratos de varios miles de personas; pero además con la progresiva privatización de los servicios públicos a través de la venta de empresas que hoy son rentables para la ciudad como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y la Empresa de Energía de Bogotá; y de nuevo las alianzas público privadas en detrimento de los derechos y patrimonio de la ciudadanía.

Sectores poblacionales: Al caído, caerle
Se peca por omisión o por comisión. Peñalosa además de quitar programas para los sectores poblacionales, recortar drásticamente o eliminar los recursos (a nivel distrital y en las localidades) para organizaciones de mujeres, para los jóvenes, las comunidades LGBTI, los afrodescendientes, y las víctimas, ha propiciado fuertes atropellos contra sectores históricamente golpeados, excluidos y marginados.

Dos casos son claros. Primero el no reconocimiento de la violencia contra las mujeres, con las desafortunadas actuaciones de la secretaría de gobierno, en concreto cuando a través de un concepto jurídico señala que la violación, tortura y feminicidio contra Rosa Elvira Cely fue culpa “exclusivamente de la víctima”. El otro caso que muestra la percepción de esta alcaldía de los históricamente marginados es la actuación en el operativo para la “intervención del Bronx”. Además del bajo resultado en efectividad que tuvo este operativo contra las mafias encargadas del tráfico de drogas en la ciudad, la improvisación con que fue realizado causó graves violaciones de derechos humanos a los ciudadanos y ciudadanas en condición de habitabilidad de calle. Aún está pendiente saber dónde están muchas de estas personas, no solo dispersas por la ciudad, sino quizás asesinadas o desaparecidas.

¿Quiénes quieren revocar?
Tras bambalinas de la revocatoria están miles de ciudadanos que desde hace años vienen peleando por tener una ciudad en la que sea posible vivir con dignidad. Está el vecino del relleno Doña Juana enfermo por los malos olores, las mujeres violentadas, los trabajadores sin empleo, los habitantes de los barrios sin vivienda digna, la señora que vende tintos en la calle, el reciclador de oficio, el anciano que se queda sin subsidio, la estudiante que no tiene para pagar el pasaje de Transmilenio, el tendero que no puede pagar más el arriendo, el niño que quiere respirar aire puro. Están todos los que buscan otro modelo de ciudad, no para los negocios, sino para la Vida Digna.

A partir del 16 de enero y en un plazo de seis meses se deben recolectar cerca de 272.000 firmas que serán validadas por la Registraduría, para así convocar a elecciones de referendo revocatorio. De esta manera, el trabajo de los comités promotores durante este tiempo será en los barrios, universidades y calles donde se siente inconformidad con la alcaldía de Peñalosa. Allí se deben recoger las firmas, pero además, el propósito es discutir sobre el modelo de ciudad a proponer, para que este proceso de revocatoria sea un ejemplo de construcción de poder popular.

* Sociólogo, especialista en análisis de políticas públicas. Integrante de los procesos barriales del Congreso de los Pueblos en la localidad de Kennedy.


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